La introducción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las plataformas de contratación del sector público representa una oportunidad estratégica para mejorar la transparencia, la eficiencia y la integridad en los procesos administrativos. Estas herramientas permiten automatizar la detección de patrones anómalos o indicios de fraude mediante el análisis masivo de datos históricos y en tiempo real, lo que sería prácticamente inviable con métodos manuales.
Uno de los principales beneficios de la IA en este ámbito es su capacidad para identificar desviaciones respecto a comportamientos esperados, como adjudicaciones repetidas a un mismo proveedor sin justificación, plazos inusualmente reducidos entre publicación y adjudicación, o coincidencias sospechosas entre empresas licitadoras. Estas señales de alerta pueden ser priorizadas para su revisión por parte de los órganos de control, optimizando recursos y tiempos de respuesta.
Además, los algoritmos de aprendizaje automático pueden mejorar progresivamente su precisión al ser entrenados con datos etiquetados de casos previos de fraude o mala praxis, adaptándose a nuevas estrategias fraudulentas. Combinado con visualización de datos y sistemas de alerta temprana, esto facilita una toma de decisiones más informada y proactiva.
No obstante, la implantación de IA en la contratación pública debe ir acompañada de garantías éticas, jurídicas y técnicas: es fundamental asegurar la trazabilidad de los algoritmos, evitar sesgos en los datos de entrenamiento y mantener el control humano en la toma de decisiones. Asimismo, se requiere formación específica del personal público y un marco normativo claro que regule su uso.