La transformación digital de la contratación pública ofrece oportunidades decisivas para reforzar la integridad, la transparencia y la eficiencia en los procesos. En este marco, la introducción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las plataformas de contratación del sector público permite automatizar la detección de patrones anómalos o indicios de fraude, procesando grandes volúmenes de datos y señalando comportamientos atípicos que pueden indicar corrupción, colusión o prácticas irregulares.
Sin embargo, el uso de IA no puede entenderse como una solución aislada. Debe ir acompañado de medidas estructurales que refuercen la cultura de integridad, como la exigencia de sistemas de compliance a las empresas contratistas, siguiendo el ejemplo de países europeos que ya vinculan la elegibilidad para contratar con la Administración a la existencia de políticas internas de prevención de delitos, formación ética, canales de denuncia y controles internos efectivos.
Además, el despliegue de pactos de integridad en determinados contratos públicos —especialmente en los de alto valor o riesgo— contribuye a establecer compromisos explícitos entre las partes para actuar con transparencia y rendición de cuentas. Estas herramientas, cuando se integran con soluciones tecnológicas como la IA, generan un ecosistema preventivo robusto, donde la supervisión automatizada se combina con la corresponsabilidad ética y legal de los actores implicados.