Para los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo (debido a su importante daño potencial a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de derecho), se acordaron obligaciones claras. Los eurodiputados lograron incluir una evaluación obligatoria del impacto sobre los derechos fundamentales, entre otros requisitos, aplicable también a los sectores bancario y de seguros. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados para influir en el resultado de las elecciones y el comportamiento de los votantes también se clasifican como de alto riesgo. Los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas sobre los sistemas de IA y recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten a sus derechos.